JUSTICIA A LOS INDÍGENAS.
Por Ezequiel Castañeda Nevárez.
Son históricamente los indígenas desde siempre sinónimo de pobreza y de marginación en el país, al grado que ellos mismos se afrentan al pertenecer a alguna etnia negando en muchas de las veces formar parte de estos núcleos sociales porque al ser identificados como indígenas el resto de los sectores de la población les ven con cierto desdén y menosprecio porque está visto que estos son los pobres de los pobres y su ubicación en la escala social es hasta mero abajo; por lo mismo, estos conciudadanos viven en la más espantosa de las miserias económicas y al margen de los beneficios del desarrollo social enfrentando cotidianamente desventuras, ignorancia, ofensas, desprecios y todo tipo de desdichas precisamente por su condición de pobreza y de alta vulnerabilidad ante la indiferencia de la sociedad en su conjunto y de sus gobiernos. Y como las desgracias jamás vienen solas, se les suma en algunas ocasiones el activismo político de líderes mesiánicos o de grupos radicales que se asumen como sus defensores pero que jamás resuelven sus problemas.
Por si no fuera suficiente lo anterior, frecuentemente estos grupos marginados también tienen que enfrentar procesos penales por delitos que jamás cometieron o el suplicio de la privación de su libertad porque no tuvieron una buena defensa jurídica al ser señalados como probables responsables de algún delito o simplemente porque no tuvieron dinero porque son pobres e ignorantes.
Corresponde al gobierno en sus tres niveles atender esta problemática social a través de planes y programas diseñados a partir de la concepción de que ninguna acción de gobierno resulta ser adecuada si no se tiene en su aplicación un profundo sentido social tendente a lograr una sociedad igualitaria en cuanto a oportunidades de desarrollo y equitativa en cuanto a la obtención de los beneficios del mismo conformando una política social integral en donde se inscribe, entre otros rubros, la política criminal, que atiende no solo la acción sancionadora de las conductas ilícitas y la prevención del delito sino la corrección de errores sociales como indudablemente lo es la marginación y alta vulnerabilidad que enfrentan los indígenas del país y la privación de su libertad o el padecimiento de un proceso penal.
La iniciativa enviada al Congreso Estatal por Fidel Herrera fue finalmente aprobada por los Diputados Locales respetando la esencia del planteamiento inicial que es la búsqueda de la cohesión social veracruzana reduciendo la distancia de aquellos que se encuentran en atrasos culturales, sociales y económicos que les dificultan el acceso a los beneficios de la modernidad que el Ejecutivo Estatal pretende construir en lo que resta de su mandato, cuando lo mejor está por venir, por eso no quiere que estos grupos se queden al margen. Este acto de gobierno responde exactamente a las consideraciones anteriores y el cumplimiento de las obligaciones de gobierno.
Pero no solo se trata con l aplicación de la nueva Ley de sacar de los ceresos a los indígenas veracruzanos únicamente, aunque la Ley aprobada trata exclusivamente de eso. Se trata de brindarles a estos ciudadanos los apoyos necesarios para impulsar su desarrollo de manera integral, con su consentimiento desde luego, por eso, el mandatario veracruzano se entrevistó antes con don Luis H. Alvarez, titular de la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas de la federación, quien por cierto atendió las peticiones de Fidel Herrera y destinó una fuerte cantidad que supera los 700 millones de pesos para aplicarse en las comunidades indígenas de Veracruz. El gobernante mostró al funcionario su iniciativa de amnistía a indígenas sentenciados y procesados y a los infractores menores de 18 años y acordaron incorporar a estos beneficiarios a diversos programas de apoyo con recursos federales y estatales por lo que a la vez instruyó al Servicio Estatal de Empleo, a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, entre otras dependencias estatales, fuertemente apoyadas por el DIF Estatal para atender de manera integral a los grupos beneficiados con la nueva Ley. Cabe mencionar que son 99 indígenas quienes podrían resultar beneficiados con su libertad y con el apoyo de programas productivos y de capacitación para el trabajo lo que habla de una política social muy definida que enaltece al mandatario y que merece el reconocimiento de los veracruzanos a este y a su señora esposa Rosa Borunda de Herrera.
Esta nueva Ley, impulsada por Fidel Herrera, se suma al pago de fianzas y a la preliberación de internos en readaptación y al programa normal de inversión pública a zonas indígenas dispuesto por el Gobernador, con lo cual se logra un avance en la atención de estos grupos vulnerables de la sociedad. Este programa piloto, único a nivel nacional habrá de impulsar la creación de talleres de artesanía, de carpintería y de manualidades diversas y el establecimiento de unidades de negocio que permitan ingresos a los beneficiarios y posibilidades de desarrollo personal que no tienen a esta fecha estas personas, lo que significa un parteaguas en la atención a los indígenas que tendrá amplias repercusiones en la sociedad en general y aportará al adeudo social que tenemos todos con los indígenas veracruzanos. Esa es la cuestión. (eze_cas@hotmail.com)
