DERECHOS HUMANOS EN LOS PENALES.


Por Ezequiel Castañeda Nevárez.

No es producto de la casualidad el que el sistema penitenciario veracruzano haya resultado en este año, en el diagnóstico nacional que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como el segundo mejor en el país, solo superado, por unas décimas, por el del estado de Puebla. 87 visitas de supervisores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo de Noemí Quirasco Hernández dieron cuenta de notorios avances que se tuvieron en esta materia en los últimos dos años y que le dan a Veracruz, en esta ocasión, tan significativa ubicación en la clasificación nacional.

El intenso trabajo de revisión, de orientación, gestión y defensa de los derechos humanos que la titular de este organismo realizó en los centros penitenciarios de la entidad y el trabajo ordenado por el gobernador Fidel Herrera a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, permitieron que esta coordinación institucional se reflejara en un histórico avance en los derechos fundamentales de las personas en reclusión como no había ocurrido en la historia penitenciaria de la entidad y que constataron los enviados de la CNDH. No solo eso, sino que no encontramos ninguna recomendación a los centros penitenciarios de la entidad por parte de la CEDH en este mismo período, a diferencia de otras instituciones, que tuvieron más de alguna.

Situación jurídica, estancia digna y segura, cocina, comedores, alimentación, integridad física y moral, desarrollo de actividades educativas y productivas, visita conyugal, convivencia familiar, mantenimiento del orden y aplicación de medidas disciplinarias, así como el tratamiento a grupos especiales como adultos mayores, discapacitados, adictos, enfermos mentales, homosexuales, indígenas o personas con alguna infección o enfermedad significativa, son los aspectos que los supervisores de la Comisión Nacional vieron en los 22 centros de readaptación del estado, encontrando que al menos once penales de la entidad, por su mejoría del último año, han sido considerados en los primeros treinta lugares de los 251 visitados en el país por el organismo defensor.

Hay que considerar que todo sistema penitenciario, de cualquier parte del mundo es, por su naturaleza, altamente cuestionable, al tratarse prácticamente de los renglones torcidos del ser humano en todas sus manifestaciones y en donde se dan cita todo tipo de pasiones y conductas antisociales, más allá de las causas que provocan este fenómeno; pretender que todo está bien en cada cereso y que nada hay que mejorar en el sistema penitenciario es ingenuo; verlo así no puede ser más que por incapacidad de percepción de quien así lo considere, porque se trata de una población en donde la mayoría de los internos han sido encontrados responsables de alguna conducta sancionada por la ley, con algunas excepciones, por supuesto; de tal manera que es natural que se pierda de vista la línea divisoria entre la aplicación del reglamento y la falta a los derechos humanos fundamentales porque esta es apenas perceptible y a causa de esto con mucha facilidad puede caerse en excesos y equivocaciones en la aplicación del reglamento.

El tratamiento de las personas que se encuentran a disposición del Ejecutivo para el cumplimiento de su sanción no es cosa fácil, viene siendo trabajo especializado que requiere temple, conocimiento de la materia, experiencia y capacidad profesional, porque la intervención de grupos delictivos de dentro y de afuera, de abogados sin moral ni ética, de malos servidores públicos y hasta de los propios internos y sus familiares, dificulta enormemente la labor institucional muchas veces esta intervención da al traste con los buenos programas de readaptación y hasta con todo el sistema penitenciario; por eso es de entenderse la mala imagen que se tiene en el exterior que señala a estos centros como escuelas del crimen que perfecciona la mala conducta de quienes pasan por ellos.

Por todo lo anterior, el éxito en la materia consiste en mantener los niveles negativos lo más bajo posible, porque pretender que puede ser erradicado el mal comportamiento de internos, funcionarios abogados y familiares solo por mandato de ley es utópico, porque no se trata únicamente de sancionar conductas indebidas; se trata de una ardua tarea cotidiana que requiere de atención continua, de capacidad profesional, experiencia en la materia; de sensibilidad social y, sobre todo, de mano firme que no conculque derechos de los internos, lo que se antoja sumamente difícil, pero no imposible como ya lo vimos en este año que se califica y que da a Veracruz un impresionante brinco del décimo segundo al segundo lugar nacional. Mantener esta calificación o mejorarla para el próximo año, esa si que es la cuestión.

ASUMO QUE SE SUME QUIEN NO SE SUMA.

Por Ezequiel Castañeda Nevárez.

No han faltado quienes han querido hacer ver como un desaire político el hecho de que los representantes de Convergencia, PRD y PAN no hayan acudido a la invitación que se les hizo para que estuvieran presentes en el acto en donde se dio a conocer la declaratoria sobre el acuerdo para el empleo y las inversiones, que se da dentro del marco de compromisos del denominado Pacto para la Gobernabilidad y el Desarrollo, firmado desde mayo del 2005 entre las distintas fuerzas políticas, representantes de la sociedad y el gobierno del estado. Nada hay de eso. No tiene la importancia que algunos pretenden darle, porque todo es parte de lo mismo como veremos.

El acuerdo dado a conocer por el gobernador del estado el pasado once de febrero fue distribuido ese día entre los participantes asistentes para que, quienes así lo estimen, formulen sus comentarios y observaciones para elaborar el documento final que se habrá de difundir posteriormente; es parte del seguimiento natural de los compromisos ya signados con anterioridad por los partidos políticos y por la sociedad veracruzana y su gobierno consignados en el Pacto, porque desde que se acordó quedó claro que ese famoso convenio social incluye impulsar en Veracruz un modelo de desarrollo sostenible y sustentable; que parte de esos compromisos en él señalados tiene como propósito el establecer en la entidad políticas de desarrollo social para el combate a la pobreza y para apoyar a los grupos vulnerables de veracruzanos. O sea que nada nuevo. Si lo que se pretende es el desarrollo integral de la entidad, lógico es que ahora se busquen condiciones para la inversión y el empleo, para generar la riqueza que se requiere para el bienestar general de la población; nada más y nada menos.

Los compromisos adquiridos por los representantes políticos en el convenio político de mayo del 2005, en donde se encuentran incluidos los ausentes del último evento, siguen vigentes, aun cuando estos no haya asistido a la formalidad de una reunión informativa, porque su ausencia no los excluye de ninguna manera del Pacto ni de los acuerdos adquiridos en ese entonces, porque las obligaciones de las que hablamos mantienen vigente el derecho y la obligación de los signantes para hacer llegar sus aportaciones posteriores, de acuerdo a sus intereses, su visión política y su capacidad en todos los órdenes, lo que hace más que lógico que todos ellos sumen sus ponencias a los acuerdos subsiguientes al pacto y, lo más lógico, es que esta suma de opiniones sobre los temas ya discutidos, aprobados y signados, se encuentren contenidas en un próximo documento bajo el rubro específico de la inversión y el empleo; eso es lo que realmente debe importarnos a todos.

Es rigurosamente cierto, esta sociedad la conformamos, explicándolo de la manera más elemental, en un sentido práctico de convivencia, dirigentes y dirigidos, representantes y representados, entre otras subdivisiones, entendiendo que sería materialmente imposible que cada ciudadano estuviera presente en todos los actos de la misma sociedad en la que se desarrolla; por eso nos hemos dado organizaciones, leyes, instituciones, acuerdos, pactos y, en razón de esto, se han multiplicado las herramientas de la política, porque cada día es más difícil la convivencia en armonía y paz social, por eso es muy importante que nuestros gobernantes y dirigentes sociales sean totalmente aptos, sensibles y responsables para asumir la función de interlocutores de una sociedad cada vez más capacitada y enterada que vive en un mundo globalizado, por eso es impensable que los dirigentes sociales no se sumen a los acuerdos políticos que importan a sus representados, con mayor compromiso si se trata de dirigentes de los partidos políticos porque es de entenderse que, siendo profesionales de la política, están estos obligados a estar siempre atentos a todos los asuntos relevantes que afectan a la sociedad y a aportar su experiencia, visión, reclamo u opinión propia o de quienes representan, porque la exclusión en política es error automático y los errores se pagan casi siempre. Habría que recordar al candidato presidencial que no quiso asistir a un debate político, como ejemplo de lo que ocurre en política cuando alguien se excluye; por eso hay que asumir que, en suma, quien no se suma corre el riesgo de sumirse. Esa es la cuestión.