¡SI NO PUEDEN, RENUNCIEN!

Por Ezequiel castañeda Nevárez.

Si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno; no sigan recibiendo un sueldo sin hacer nada, que eso también es corrupción, dijo el empresario Alejandro Marti, padre del menor Fernando Martí, secuestrado y asesinado durante su cautiverio, a los servidores públicos reunidos durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la justicia y la legalidad, en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que congregó al Presidente Felipe Calderón, a los gobernadores de todas las entidades federativas, a representantes de los poderes legislativo y judicial y a miembros de la sociedad civil. México -les dijo Martí a los asistentes- vive una de las peores épocas en el tema de seguridad, señalando que los mexicanos vivimos el terror interno de no poder salir con confianza a las calles.



Hay hartazgo, molestia, inconformidad, frustración, irritación de todos los ciudadanos frente a la corrupción, la ineficiencia, la impunidad, la incapacidad para frenar la ola de violencia y de inseguridad en todo el territorio nacional por parte del estado mexicano que en ocasiones parece rebasado por el crimen organizado. El ¡Ya basta! se escucha en todo el territorio nacional y se suma a la exigencia de Martí porque, aunque en algunos estados como Veracruz, la criminalidad no se da como en las otras entidades, lo cierto es que el agravio es a toda la ciudadanía del país sin excepción, y la exigencia de poner freno a la criminalidad también es nacional, no solo por el caso Martí sino por todos los delitos que se cometen, sean estos denunciados o no, por eso debe atenderse de inmediato.




La reunión en sí, aunque pudiera no percibirse así, viene siendo un pequeño avance en esta lucha que parece desigual, porque no tiene precedentes, bien pudiera ser, si lo queremos ver con optimismo, el reconocimiento oficial de la existencia del flagelo y la respuesta por parte del estado mexicano, de los gobernadores, de las entidades responsables de la procuración de justicia, de la prevención del delito, de los legisladores, del poder judicial y de los mismos ciudadanos para frenar este azote social.



Fidel Herrera Beltrán, por su parte, ha presentado propuestas muy concretas para atender el reclamo ciudadano; en principio, hay que decir que esta reunión es producto de su sugerencia al Presidente Calderón hace algunos meses, cuando le comentó acerca de la eficacia de los acuerdos impulsados por su gobierno con la sociedad veracruzana, especialmente con los actores políticos, para la gobernabilidad y para el desarrollo a través de la productividad y el empleo, por eso planteó la necesidad de un gran pacto o acuerdo nacional sobre el tema de la seguridad pública. Ahora, Fidel añade a su propuesta medidas adicionales como la creación de una policía nacional, así como de un sistema de recursos humanos que conozca los antecedentes de quienes laboran o pretender laborar en el sistema de Seguridad pública; la integración de una información completa y confiable sobre asuntos de seguridad y la capacitación integral a los cuerpos de policía. Hay que recordar también que la coordinación de las diferentes áreas de seguridad, de gobierno, de prevención y readaptación social y de procuración de justicia en Veracruz, concentró en su momento información completa y confiable para determinar acciones inmediatas que trajeron como consecuencia la aprehensión de varios grupos de secuestradores, cuando se produjeron hace algunos meses varios de estos sucesos en la zona de Tlalixcoyan, de Perote, de Actopan y Xalapa de manera casi simultánea; todos los delincuentes ya se encuentran en prisión por la pronta actuación del gobierno estatal, por eso Fidel presenta propuestas que ya han mostrado su eficacia en territorio veracruzano. Deben hacer lo propio todos los demás servidores públicos o, como lo exige Alejandro Martí, si no pueden, simplemente que renuncien. Esa es la cuestión.

EL DELITO DE EXTORSIÓN.

Por Ezequiel Castañeda Nevárez.

Comete el delito de extorsión, de acuerdo a lo que señala el artículo 220 de nuestro código penal, quien obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer algo contra sus propios bienes patrimoniales o los de un tercero, para procurarse a si mismo o a otro un lucro indebido; se le impondrán de 3 a 7 años de prisión y multa hasta de 400 días de salario. Las penas se aumentarán en una mitad si la extorsión se comete por un servidor público, a quien se le sancionará, además, con destitución e inhabilitación de uno a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. Hasta aquí lo que establecía el Código hasta hace unas horas que fue modificado el artículo referido.

Al considerar que el término medio de la sanción no es mayor de seis años, hasta ahora, este delito no se había calificado como grave, ya que son considerados como tales, por afectar de manera importante los valores fundamentales de la sociedad, los delitos que se persiguen de oficio y cuya penalidad, en el término medio de su sanción, es mayor de estos seis años que se mencionan.

Tras la justificada indignación que causó en la sociedad y en el poder ejecutivo del estado la salida de un par de individuos del penal de Jalacingo señalados de haber cometido el delito de extorsión en contra de un particular, a quienes les fue concedida su libertad bajo caución por la secretaria de acuerdos y encargada del juzgado mediante el depósito de 15 mil pesos, el gobernador Fidel Herrera manifestó su molestia por este hecho, ya que la detención de estos delincuentes se logró tras varias semanas de investigaciones y porque este tipo de delitos son de los que causan mayor molestia y zozobra entre la población, que no entiende la razón por la cual cualquier sujeto puede amedrentar a un ciudadano de una manera cobarde y ruin, para obtener un beneficio económico y que no sea castigado como se merece.

Por las mismas razones, la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local, cuyos integrantes son los diputados Francisco Portilla Bonilla, Elvia Ruiz Cesáreo y José de Jesús Mancha Alarcón, elaboraron el decreto que reforma el primer párrafo del artículo 220 y adiciona el artículo 220 bis del Código Penal para Veracruz, en donde se aumenta a diez años de prisión a quienes cometen el delito de extorsión, la adición del nuevo artículo considera la misma sanción para quienes resulten responsables de tentativa del mismo delito. Con estas modificaciones, el delito de extorsión ya es calificado como grave.

Era de esperarse que la Juez les dictara Auto de formal prisión cuando para dictarlo no es necesario que existan datos plenamente comprobados de la probable responsabilidad penal de los inculpados, sino que las referencias resulten suficientes para presumir su probable responsabilidad en el delito cometido. Seguramente estos extorsionadores habrán de apelar y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmarán el Auto de formal prisión tras evaluar los agravios que presenten dichos individuos y los del Agente Auxiliar del procurador.

Con estas acciones inmediatas, que permiten que este delito ahora sea considerado grave, se da oportuna y adecuada respuesta a la población, que veía con preocupación que los extorsionadores se han multiplicado y que estos tardan más en entrar que en salir de la cárcel; que quienes son sancionados no tienen el castigo que corresponde al daño que causan, porque quienes extorsionan no solo ocasionan trastornos a las víctimas directas sino a sus familiares, en primer lugar, a toda la comunidad y, en muchas ocasiones, llegan a alterar el desarrollo normal de la sociedad en general por lo que no es justo que este tipo de conductas queden impunes.

Bien por el Gobernador y bien por los legisladores locales que actuaron de inmediato, porque alguien debe atender a los veracruzanos deseamos vivir sin zozobra y temor ante los extorsionadores, secuestradores y malandrines de cualquier tipo y una de las maneras de parar su acción es a través de leyes adecuadas y, principalmente, de su correcta aplicación, porque de nada sirven las modificaciones si persiste la impunidad. Esa es la cuestión.

PRISION VITALICIA A SECUESTRADORES.

Por Ezequiel Castañeda Nevárez.

A finales del año 2004 fueron reformadas diversas disposiciones del Código Penal para el estado de Veracruz, relacionadas con el artículo 163 del mismo ordenamiento, que habla de las penas que deben imponerse a quien prive de su libertad a otro, lo que comúnmente conocemos como secuestro. La penalidad, hasta entonces, se aplicaba a quienes con esta conducta pretendieran obtener rescate, causar daño o perjuicio al secuestrado o a terceros relacionados con el mismo secuestrado o que pretendieran que la autoridad haga o deje de hacer un acto de cualquier índole.

Las modificaciones del artículo anterior, indican que la pena privativa de la libertad podrá ser de hasta setenta años cuando la víctima sea menor de edad, mayor de setenta años o que por cualquier causa no pueda resistir el delito, que padezca alguna enfermedad que requiera suministro de medicamentos o tratamiento que sean suspendidos o que se trate de mujer embarazada, añadiendo que lo mismo se sancionará con setenta años cuando quien comete el delito sea o haya sido, o se ostente, sin serlo, integrante de alguna institución policíaca o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de los delitos o que tenga alguna relación de confianza, laboral, parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares, lo cometa en pandilla o asociación delictuosa o con la intervención de inimputables o que mutile cualquier parte del cuerpo de la víctima.

Lo mismo sucedió con el artículo 165, que anteriormente sólo mencionaba que se sancionaría a quien intimide a los familiares de la víctima o a sus gestores para no colaborar con las autoridades competentes. A este último artículo se le agregó el párrafo que dice que las mismas penas serán aplicadas también, a quien intervenga, con fines lucrativos, como asesor de los familiares o de quienes gestionen legítimamente a favor de la víctima y evite informar o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de de la comisión del secuestro, lo que se agrega al siguiente párrafo que dice que lo mismo será para quien intimide a los familiares de a víctima o a sus gestores para no colaborar con las autoridades competentes.

Este jueves, el Gobernador Fidel Herrera, envió una iniciativa de decreto al Congreso del estado para aumentar las sanciones que ya se han mencionado, para que los secuestradores, en determinados casos, sean castigados con la prisión vitalicia, conocida como cadena perpetua, en apoyo a la postura del Presidente Calderón, respondiendo también a la indignación nacional que ha despertado el crecimiento de este flagelo del secuestro y de la extorsión por la saña y cobardía con la que se cometen estos delitos que lastiman a toda la sociedad, que espera acciones eficaces para su protección y para su tranquilidad.

Más que una opinión, que requiere de mayor espacio del que disponemos, consideramos que debemos aprovechar el medio para dar a conocer el ordenamiento y sus modificaciones para conocimiento de los lectores y para que puedan sustentar sus opiniones e involucrarse como sociedad en los asuntos que a todos nos atañen. Cierto, no es necesaria una consulta pública para estar de acuerdo en que se combata por todos los medios el secuestro y la extorsión, así sea solo en grado de tentativa. Solo esa es la cuestión.